
En enero de 1430, el rey de armas de Flandes proclamaba, ante el pueblo de la ciudad de Brujas, la creación de una orden caballeresca que, para los seguidores de este blog, es ya una vieja conocida: “… una Orden que se llama del Toisón de Oro […] para honrar a los antiguos caballeros que por sus nobles y altos hechos son dignos de recomendación […] a fin de que […] sean motivados para acometerlos cada vez mejor, y […] a fin de que los […] que deseen lucir esta Orden que será el mayor honor de quienes la obtengan, se vean motivados a acometer nobles actos y a observar tales costumbres que les hagan adquirir renombre”. Como bien podemos ver, este mensaje que el duque de Borgoña lanzaba a sus contemporáneos en 1430 es hoy tan actual como entonces: lo hemos visto esta mañana, cuando don Felipe VI ha impuesto la Orden del Mérito Civil a 38 ciudadanos de muy diverso origen y condición, cumplidores por tanto de los requisitos que estipulan los Estatutos de dicha Orden, que en su Art. 1 dice: “La Orden del Mérito Civil tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones públicas […], o por personas ajenas a la Administración, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas, o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes”.
Este emotivo acto, que ha reconocido públicamente el mérito diverso de estos ejemplares ciudadanos, me hace traer hoy a este blog una reflexión acerca de la vigencia, pertinencia y calidad (es decir, del sentido) de los honores en una sociedad que, en su Constitución de 1978, define a los individuos como iguales ante la Ley.
Como bien sabemos, el mundo aristocrático se basa en la distinción, en la diferencia. Distinción y diferencia que, viniera de la cuna o se generara por el propio esfuerzo, distinguía al agraciado por un noble nacimiento o al sujeto cuya esforzada iniciativa personal le hacía salir, y por ello destacarse, de una masa cuyos contornos eran indudablemente difusos. Tal vez los apóstoles de la igualdad definan esta distinción como perversa, siguiendo con ello ideologías ya obsoletas que hoy aún sobreviven dando ruidosas boqueadas, desaparecido ya su ideal primero, con mucha probabilidad bienintencionado y tal vez justo; sin embargo, entiendo que no es posible dejar a un lado el mérito, el esfuerzo, el deseo -tan humano- de destacar justamente, ofreciendo a la sociedad de la que todos formamos parte lo mejor de nosotros mismos.
Vuelvo de nuevo, por ello, a remitirme a otra alocución del Rey Felipe VI, pronunciada hace escasos días ante un numeroso colectivo de aristócratas españoles, depositarios de un legado tradicional y secular, durante una audiencia en el Palacio de El Pardo: “debemos mejorar siempre ese legado buscando la excelencia, dedicando un esfuerzo permanente y manteniendo el compromiso solidario con el conjunto de la sociedad; bien como sucesores de los que un día merecieron la dignidad nobiliaria, o, como en el caso de algunos de vosotros, como portadores del título que personalmente habéis recibido […]. En la España constitucional sabéis bien que vuestros nombres no comportan más que un gran honor; honor que implica responsabilidad y conlleva unas obligaciones para con vuestros antepasados, con vosotros mismos y con España”.

Por ello, ¿qué sentido tienen los honores en esta sociedad igualitaria? Comencemos primero por indicar, aunque tal vez no nos guste demasiado oírlo, que nuestra sociedad no es igualitaria, y de hecho no lo es -ni lo ha sido nunca- ninguna sociedad histórica avanzada: sólo recordemos los asiáticos privilegios disfrutados por los dignatarios de los paraísos populares, algunos aún desgraciadamente vigentes y muy activos en su acostumbrada demagogia. Aunque nuestra sociedad sea en buena medida homogénea, algo que comenzó a gestarse con las políticas económicas desarrollistas de los 60, que crearon la amplia clase media española, y la Constitución garantice la igualdad de sus ciudadanos ante la Ley, vemos con toda claridad esa desigualdad que, por desgracia, se ha evidenciado mucho más durante los años de hierro de la crisis, cuando buena parte de nuestras seguridades se han demostrado fallidas: hace pocos días, el padre de una alumna preuniversitaria de Granada comenzaba una huelga de hambre al no poder abonar el pago de las tasas que hubieran permitido a su hija realizar la prueba de acceso a la Universidad: se trata de una situación que, como mínimo, debiera producirnos rubor. Nos queda mucho camino, mucho, por recorrer todavía.

Pero esta triste realidad no debe hacernos cerrar los ojos ante el enorme potencial que tiene el mérito, que en una sociedad organizada y dentro de los cauces que para su reconocimiento nos proporcionan los Estados modernos, puede -y debe- ser un impulsor de la excelencia, de la iniciativa, del ejemplo para los demás. Este mérito que no dudo en denominar de aristocrático -en cuanto a que hace destacar a los mejores-, despejando de este término todas las connotaciones peyorativas que sobre él han recaído desde la Revolución Francesa, no puede ser despreciado como motor de una sociedad en crecimiento, un crecimiento que no debe ser tan solo económico. Pero para ello es necesario tener claro que estos honores son justos y merecidos, y que los criterios utilizados al dispensarlos son los adecuados.

Hace escasos años, el hoy marqués de Laserna -y entonces de Laula- escribía una sonada carta al Real Consejo de las Órdenes acerca de la pertinencia de la revisión de los criterios en cuanto a la admisión de nuevos candidatos para unas corporaciones -Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa- que habían tenido que reinventarse como asociaciones públicas tras el veto republicano de 1931: no parece que esa carta haya surtido mayor efecto, desgraciadamente, por lo que el interesantísimo potencial que podría haberse sumado a ellas no lo ha hecho, a diferencia de lo ocurrido en el caso de otras instituciones españolas de parecido carácter, como la Real Maestranza de Caballería de Ronda, o de derecho internacional o pontificio, como las órdenes de Malta o del Santo Sepulcro, en las que dichos criterios se han adaptado, con un mayor o menor grado de apertura, a los presentes tiempos: esto ha provocado un crecimiento exponencial de sus miembros en los últimos años, el cambio de la percepción pública de estas corporaciones (no se trata sólo de unos señores que gustan de revestirse con ropajes pintorescos) y una expansión cuantitativa de su labor benéfica: es decir, de su utilidad social, justificación última y sentido lógico de los honores en nuestra sociedad contemporánea. Esa utilidad es la que, en un futuro próximo, les permitirá mantenerse o desaparecer, ser olvidadas o constituir un continuado ejemplo para la sociedad en la que se encuadran: el sentido, hoy, del honor debe ser, fundamentalmente, el de preguntarnos qué podemos hacer de bueno por los demás en este mundo móvil, difícil y cambiante.
OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:
Juan Cartaya (19 de junio de 2015). EL SENTIDO DE LOS HONORES. ARISTOCRACIAS. Recuperado 21 de abril de 2025 de https://doi.org/10.58079/cxi6
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